Cuando congresistas,
gobernadores, ministros y otros altos funcionarios nacionales hablan de la
posibilidad de una constituyente es porque está casi lista. Ante este
escenario, los ciudadanos debemos preguntarnos, ¿necesitamos una constituyente
para la paz? Mi respuesta es NO. El fetichismo normativo tan generalizado en
este país no debería llevarnos a cambiar elementos sustanciales de la carta
política colombiana, para no poner en riesgo todos sus logros por algo que no
tenemos muy claro qué será ni cómo se logrará.
La Constitución de 1991 es un
hito en la historia política, social, económica y cultural del país, pues
implicó enormes transformaciones en el país en términos de apertura política,
participación directa ciudadana, protección y creación de una cultura de
derechos, reconocimiento de la diversidad cultural, étnica y social, libertad
de cultos, protección del medio ambiente, descentralización, entre muchos otros
principios de enorme importancia que hoy consideramos básicos. Además de la
creación de la Corte Constitucional, ente que nos ha protegido de la dictadura
de las mayorías (por ejemplo prohibiendo la reelección indefinida y permitiendo
el matrimonio igualitario) y de la tutela, que ha sido utilizada por 5 millones
de ciudadanos para proteger sus derechos y denunciar abusos, inoperancias e
injusticias.
Por supuesto, la Constitución no
es perfecta. Algunas reformas posteriores han resuelto ciertos problemas, como
la reforma política de 2003 y otras que le sucedieron para poner límites a los
partidos políticos y regular la participación. Sin embargo, muchos otros
problemas persisten, en especial por fallas de la implementación de los
principios constitucionales. Por
ejemplo, las debilidades en el equilibrio de poderes, con entidades y
funcionarios sin vigilancia, como en el caso de las altas cortes e
instituciones inoperantes como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes. Además, tenemos normas que no se han aplicado como el Estatuto
a la Oposición y la paz como derecho y deber; o que se han aplicado
parcialmente, como la descentralización y las garantías y promoción de la
participación directa ciudadana.
Sin embargo, la solución no es
reformar la Constitución para tener nuevas normas que no se apliquen. La
solución es la responsabilidad política y el control social. La solución no
está en senadores, magistrados, columnistas o asesores presidenciales. La
solución la tenemos los ciudadanos.
