¿Menos sueldo para los congresistas o mayor vigilancia ciudadana?

Aunque sea muy popular, la propuesta recurrente de bajarles el salario a los políticos es compleja y discutible. En cambio hay varias cosas que podemos hacer las personas del común para elevar la calidad de nuestros legisladores.

Publicado originalmente en Razón Pública el 25 de julio de 2016

Contra los altos sueldos

El pasado 20 de julio el senador Álvaro Uribe anunció un proyecto de reforma constitucional para congelar durante cuatro años los salarios de los congresistas y reducir el tamaño del Congreso. 

Aunque parece un  asunto muy simple, se trata en realidad de un problema delicado y polémico porque involucra temas complejos de diseño institucional, planeación presupuestal, equilibrio de poderes, incentivos a la transparencia, competitividad del sector público para atraer personas con la calidad y experiencia necesarias, y pedagogía para explicar las ventajas y desventajas de los salarios altos para los tomadores de decisiones públicas. 

En efecto, hay argumentos en contra y a favor de una propuesta como la de Uribe. Los segundos son los más populares:

En primer lugar, los ciudadanos se oponen masivamente a los salarios  elevados para unas personas cuyo trabajo no sé sabe muy bien en qué consiste: pocos colombianos saben cómo se tramita una ley y qué otras funciones tienen los congresistas.

En segundo lugar, produce aún más molestia que muchos de esos funcionarios se hayan visto involucrados en escándalos de corrupción o tengan nexos con grupos armados ilegales, a tal punto que muchos se encuentren en la cárcel o  disfrutando cínicamente de la impunidad.

En tercer lugar, los ciudadanos se oponen a los salarios altos porque la labor de los congresistas pocas veces se traduce en resultados tangibles a corto o a mediano plazo. Las reformas legales suelen tardar años en producir efectos o simplemente no tienen consecuencias llamativas para los periodistas o que los ciudadanos puedan identificar con  facilidad. Algunas gestiones de recursos para las regiones se perciben como dádivas -en ciertos casos lo son- y trascienden las funciones legales u oficiales de un legislador (gracias a la analogía desafortunada de un ministro, desde hace unos años esto se conoce como “mermelada”).

En síntesis, en el Congreso colombiano se da la combinación nefasta de salarios altos, individuos desprestigiados, institución subestimada, funciones desconocidas y resultados poco visibles.

A favor de los salarios elevados

Pero también existen argumentos para justificar los salarios elevados. En primer lugar, como sostuve en un escrito anterior (“¿Qué exigirle a nuestros congresistas…y qué no?”), los buenos salarios atraen funcionarios capacitados, egresados de instituciones de alta calidad y con experiencia. Verdad que los buenos sueldos pueden atraer también a personas ineptas o con intenciones no muy transparentes, pero al menos aseguran que el sector público pueda competir con el sector privado y aprovechar los mejores talentos que ha formado el país.

Un segundo elemento a considerar es el respeto a los derechos adquiridos, y en especial a los derechos de carácter social (incluido el salario) que la Corte Constitucional ha reiterado en varias ocasiones (por ejemplo en la Sentencia C-853/13). Aunque se trate de una medida sumamente popular, recortar los salarios de  los congresistas exigiría una reforma constitucional (por eso el proyecto del senador Uribe) que a su vez implica discusiones complejas de equidad y en todo caso sentaría un precedente peligroso que podría afectar posteriormente a otros funcionarios y trabajadores del país.

En tercer lugar, por la importancia del Congreso y por razones de equilibrio de poderes, la rama legislativa debe tener el mismo nivel del presidente de la República en términos institucionales, políticos, e incluso salariales y simbólicos. Más allá de los individuos, quienes pueden ser populares o impopulares, el Congreso es la institución básica para la deliberación democrática y la representación de los diversos intereses ciudadanos, así como para el control político al poder Ejecutivo. Sin el Congreso, el presidente sería aún más poderoso. Las minorías y la diversidad de preferencias se verían silenciadas ante un solo individuo, elegido por las mayorías, con la capacidad no solo de ejecutar presupuesto y decidir sobre política, sino de cambiar las reglas de juego a su antojo.

¿Cómo se reajustan los salarios de los congresistas?

Aquí debo aclarar que los congresistas no determinan su sueldo, ni los aumentos del mismo. El gobierno nacional es quien señala los reajustes en desarrollo del Artículo 187 de la Constitución: “La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.

La Ley 42 de 1993 había establecido que era el gobierno quien determinaba o decidía el reajuste  sobre la base de la certificación del Contralor, pero esta norma fue modificada por la Ley 644 de 2001 según la cual el reajuste es automático o sea que corresponde exactamente al certificado del Contralos y no depende para nada del gobierno (en la tramitación de esta ley participaron congresistas del Partido Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical, entre ellos Mario Uribe como autor y Germán Vargas Lleras como ponente).

¿Qué podemos hacer los ciudadanos?

Ahora bien, en medio de un debate tan espinoso, es muy difícil que los congresistas aborden la discusión en los tiempos necesarios para aprobar – o negar - el proyecto de Uribe. En especial si se tiene en cuenta que en tan solo un año se presentaron dos proyectos de reforma constitucional (el 03 de 2015 y el 06 de 2015) con el mismo objetivo, y que ambos fueron archivados por falta de debate.

Este fenómeno puede repetirse, bien sea porque los congresistas evitan temas polémicos y han preferido no legislar sobre asuntos como el matrimonio igualitario, o porque el Congreso está ocupado en temas coyunturales como el posconflicto, o porque los  congresistas no tienen ningún incentivo para cambiar el método de definición de sus salarios y la negociación con el Ejecutivo que este sistema.

Ojalá en algún momento sea posible adelantar el debate de fondo sobre la arquitectura institucional del Estado, pero entretanto los ciudadanos del común sí podemos actuar de varias maneras:

•       Informándonos más acerca de lo que hacen nuestros congresistas, y los políticos en general. A través de páginas como las de la Secretaría del Senado, la Cámara de Representantes, y Congreso Visible, donde se pueden consultar los proyectos en discusión, las leyes aprobadas, la historia de los debates, e incluso la agenda semanal de las discusiones en el Legislativo.

•       Criticando, pero de manera informada y con argumentos. Las redes sociales permiten difundir opiniones, abrir debates e incluso hablarle “directamente” a los políticos. Sin embargo, estas críticas deben ser reflexivas, innovadoras y constructivas. ¿Qué es más efectivo y válido? ¿Insultar a un congresista o demostrarle que los ciudadanos vigilan su desempeño? Lo primero es facilismo malintencionado y torpe, lo segundo es control social inteligente.

•       Aplicando y promoviendo el voto inteligente. ¿Por qué siempre nos quejamos de la política si siempre elegimos a los mismos para ejercerla? El voto puede ser usado como un premio a la buena gestión o como un castigo a la corrupción, a la ineficacia o a la indiferencia. En la política hay personas honorables que comparten nuestras preocupaciones y creencias ideológicas. Solo debemos identificarlos, revisar su gestión en el tema que nos importe, y votar por él o ella para garantizar que nuestros intereses estén representados.

•       Combatiendo la indolencia, la abstención y la apatía. Salir de nuestra cotidianidad, preocupaciones laborales o familiares para leer sobre el Congreso, revisar la prensa, visitar las instalaciones de una corporación pública o comparar propuestas, proyectos de ley o debates es costoso en términos de tiempo, esfuerzo, conocimientos e incluso recursos económicos. Sin embargo, es necesario e incluso es nuestro deber como ciudadanos hacerlo de vez en cuando.

No se necesita revisar todos los debates o saber de todos los temas. Pero si cada uno le hiciera seguimiento a los asuntos de su interés, revisara las actuaciones de los congresistas que ayudó a elegir y votara en consecuencia con esa información, se produciría un círculo virtuoso de menor abstención electoral, más interés en la política, mejores personas en ella, más control social y transparencia, mejores leyes y políticas públicas, mejores debates nacionales y, en general, mejores prácticas para la construcción de una mejor sociedad.

Ni retrógradas ni pecadores

Jesucristo dijo: "amaos los unos a los otros". De esa frase tan sencilla pero poderosa yo entiendo que TODOS merecemos aprecio y respeto, por lo cual debemos amarnos, independientemente de nuestras diferencias. Entonces, ¿por qué poner jerarquías, prioridades o excepciones a ese amor? ¿quién es merecedor de amor y quién no? Y lo más difícil ¿quién decide aquellas personas que son dignas o no de ser apreciadas? ¿con qué autoridad y criterios?

Menciono a Jesucristo en un intento por entender la postura del “otro bando” en el debate sobre la supuesta "ideología de género", tan de moda en el país por estos días. Y es que en la discusión sobre la comunidad LGBTI versus la familia tradicional, y otras aparentes contradicciones derivadas (matrimonio civil igualitario versus matrimonio católico, adopción por parte de parejas del mismo sexo versus adopción por parte de parejas heterosexuales, entre otros falsos opuestos) yo estoy en la orilla opuesta de quienes defienden la "familia” y los "valores tradicionales". ¿No me preocupan las familias y los buenos valores? Por supuesto, no me malinterpreten, pero no pienso que ser homosexual vaya en contra de lo uno o de lo otro.

En primer lugar, porque eso que llaman ideal de "familia y valores tradicionales" no existe. Las familias de hoy, incluyendo las colombianas, son diversas y cambiantes. Abuelas, tíos, primos, hermanastros, cuñados, madres solteras, viudos, divorciados y un largo etcétera pueden hacer parte del núcleo central de una familia feliz y que forma ciudadanos que aporten a su sociedad. Lo más paradójico es que esto no es nuevo. Pero lo más gracioso es que nunca ha existido, pues varios estudios sobre las familias durante el periodo colonial señalan que estas eran muy variadas y flexibles, incluso en temas raciales, de estrato social y de formas de unión (por ejemplo, con numerosas uniones extramatrimoniales, denominadas en ese entonces amancebamiento). ¿Por qué condenar entonces a quienes no encajen en un supuesto modelo de familia que en realidad nunca ha sido la “tradición”?

En segunda instancia, por respeto a la dignidad humana. La verdad, estoy cansada de escuchar frases como "yo los respeto, pero que vivan lejos" o "yo no niego sus derechos, pero que no se me acerquen". Me pregunto si esas personas se atreverían a decir eso de los adultos mayores, de los indígenas, de los afros, de los niños, de las mujeres, de las personas en condición de discapacidad... la gran mayoría no, o al menos no reconocerían públicamente que eso es lo que piensan, porque ser racista o discriminador contra las personas antes mencionadas está muy mal visto y hay una fuerte sanción social al respecto. Pero burlarse de un "marica" sigue siendo muy barato: pocos lo repudian y aún hay un montón de justificaciones prejuiciosas para hacerlo. Aún falta mucha cultura ciudadana en la materia.

En tercer lugar, porque es un asunto de coherencia. ¿Por qué si llegamos en 1991 a un pacto social de igualdad ante la ley y de la existencia de derechos sin distinción alguna, no somos capaces de aplicar ese acuerdo de manera sistemática y sin discriminaciones? Si le preguntas a alguien si le parece importante la Constitución y el respeto de los derechos va a decir que sí, pues como principio abstracto está de acuerdo y le parece justo, pero si le preguntas si un gay debe educar a sus hijos, hacer las leyes o ser presidente puede que diga que no, sin darse cuenta que de lo primero se deriva lo segundo y hasta que no lo entendamos todos no vamos a tener una sociedad verdaderamente igualitaria.
Cuarto, porque saber que es gay no me dice nada sobre una persona. Al igual que saber que es heterosexual. Ser homosexual no te hace una buena o mala persona, una madre responsable o irresponsable, un profesional competente o incompetente, un ciudadano comprometido o indiferente.

Quinto, porque estoy del lado incluyente, respetuoso y diverso, es decir, apoyo las posturas moderadas que reconocen los derechos de quienes piensan distinto y no están dispuestos a pasar por encima de nadie. Si bien no coincido con las posturas religiosas o “tradicionales” que descalifican el homosexualismo y rechazan a la comunidad LGTBI, tampoco pienso que todos sean retrógradas fanáticos irreflexivos. De hecho, prefiero una persona con una postura conservadora pero garante de derechos y dispuesta a participar del debate con argumentos y sin insultos, que una persona que se diga liberal y defensora de los gais pero que insulte, maltrate y caricaturice la postura del que piense distinto. Ambos extremos son irrespetuosos, simplistas y dañinos. Si superamos los estereotipos sobre ambas posturas, veremos los matices y la diversidad del debate: ni los unos son retrógradas ni los otros pecadores.

Sexto porque es un asunto que refleja lo que somos como sociedad. En muchos casos, incluso llega a ser un caso de vida o muerte. ¿Acaso no nos importa la calidad de vida de miles de personas, que como Sergio Urrego son acosados diariamente, al punto de que algunos han contemplado quitarse la vida? ¿Nos importa más imponer nuestras opiniones a otros o dejar vivir tranquila y dignamente a cada uno según sus preferencias y decisiones? ¿Preferimos seguir defendiendo prejuicios y estereotipos sólo por no “dar nuestro brazo a torcer” o tomarnos el trabajo de verificarlos en la vida cotidiana, y eventualmente replantearlos? ¿Seguiremos rechazando a colegas de trabajo competentes,  compañeros de estudio brillantes, familiares amorosos o amigos valiosos solo por lo que deciden hacer en sus vidas privadas? Es importante que cada uno realice una reflexión interna sobre cada una de estas preguntas.


Para finalizar quiero rescatar un mensaje de Martin Luther King. En 1963 (100 años después de la abolición de la esclavitud en EEUU), en medio de un debate igual de complejo y delicado, el de los derechos civiles de los afroamericanos, Luther King afirmó: "Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad". Guardadas las proporciones, y respetando la importancia de este personaje, en 2016 (25 años después de la promulgación de la Constitución política de Colombia de 1991) quiero decirle a mis compatriotas que sueño con el día en que mis futuros hijos, homosexuales o no, sean juzgados no por sus preferencias sexuales, ni por su vida privada, ni por sus relaciones sentimentales adultas y consentidas, ni por su forma de ver el mundo, la sociedad y el amor. Sueño con que TODOS seamos juzgados y apreciados por nuestro carácter, por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestro compromiso ciudadano, por nuestro apego a la ley y la convivencia, por nuestro aporte a la paz, por nuestro respeto hacia los otros y por nuestro interés en el bienestar colectivo.