martes, 20 de junio de 2017

La raza más peligrosa


Tengo una familia hermosa: un esposo amoroso, un bebé que viene en camino y una mascota muy tierna. Nuestro perro se llama Zeus y todas las mañanas se levanta con nosotros a las 4:30 am a saludarnos con una gran emoción, como si no nos hubiera visto en años. Zeus es fotogénico, amigable, curioso y cariñoso. Casi nunca ladra y siempre quiere jugar con los perros que se encuentra durante nuestros paseos diarios. Jamás ha atacado a nadie. Saluda con efusividad a todos los que nos visitan, y si alguien se despide y se va, incluyendo a las personas que hacen domicilios, Zeus se para en dos patas en la ventana desesperado para verlo partir, como si se tratara de su mejor amigo.

En resumen, Zeus es el perro más tierno, amoroso y noble que conozco. A pesar de eso, debe soportar ataques todos los días por parte de perros y humanos. Incluso hemos recibido insultos. Lo han llamado bestia, monstruo y asesino. Han dicho frente a mí y mi esposo que es un perro horrible y que no deberíamos tenerlo. Perros de todos los tamaños, en especial de las razas favoritas de las familias colombianas como Labrador y French Poodle, han tratado de morderle el cuello mientras sus dueños se ríen o intentan minimizar el episodio. Algunos se molestan aunque su mascota sea agresiva. No los disciplinan ni se disculpan, aunque el asunto podría terminar en un accidente y yo, además, me encuentro en embarazo.  Otros dueños deciden sólo atravesar la calle y caminar por la otra acera, aunque a veces sus perros quieran saludar o jugar con el mío. Hacen esto mientras dicen con aire de superioridad ¡qué perro tan peligroso!

¿Por qué tratan así a un perro tranquilo, amoroso y bien educado? La respuesta es simple y refleja uno de los peores rasgos de nuestra sociedad: prejuicio. Zeus es un Pitbull y según ellos, todos los perros de esa raza son bestias peligrosas. Dicen eso aunque sus perros (Pinscher, Golden, Chihuahua, Schnauzer, etc.) son quienes atacan a otros y ladran e intentan morder a las personas, incluyendo embarazadas, adultos mayores y niños. Pero es Zeus el monstruo. Son ellos quienes sacan a sus perros sin correa ni bozal de manera irresponsable. Son sus mascotas las que tienen historial de ataques y comportamiento agresivo. Pero es mi pitbull el de la raza “potencialmente peligrosa”. Es Zeus el que debe ir con bozal según el nuevo Código de Policía, y el que tendrá siempre la culpa en caso de un incidente, así el otro perro lo ataque primero y su dueño sea el de la tenencia irresponsable.

Somos los dueños de Pitbulls, Rottweileres, Dóbermans entre otros, los que debemos pagar multas y comprar pólizas que aún no están disponibles en el mercado ni están reguladas por el Estado. Somos nosotros los castigados de antemano, aunque usualmente son los dueños de las otras razas los que no se informan, no atienden adecuadamente a sus mascotas, saben muy poco de comportamiento canino y menos de cómo educarlos y disciplinarlos.

Lo cierto es que hay una sola raza potencialmente peligrosa y es la de los dueños irresponsables, la de los humanos prejuiciosos. La raza de los malos ciudadanos que no cumplen las normas, que sacan a sus perros sin correa y exponen a sus animalitos, a las personas y a otros perros. La raza de los amos que no recogen los desechos de sus perros. La raza de personas que traslada a otros su responsabilidad sin aportar en nada a su sociedad. La raza de gente con perros supuestamente “normales” pero que ladran por todo y como son pequeños o “inofensivos” nadie los disciplina, les permiten todo porque son “lindos”, les ponen moñitos y ropa como si fueran personas, y por eso son más tiernos que un pitbull con bozal. Pero en realidad son perros maleducados y agresivos que están estresados y malcriados, que salen a ladrar a cualquier persona o animal y que son maltratados en buena medida por la negligencia de sus dueños. Esa misma raza de irresponsables es la que priva de comida a los Pitbull y los obliga a pelear, creando así la mala fama de toda una raza cuando en realidad solo consiguen que unos cuantos perritos se comporten agresivamente por todo ese dolor y maltrato que sufren.

Esas son las razas potencialmente peligrosas. La de aquellos que condenan de antemano llamando desde el desconocimiento a estos perros como “potencialmente peligrosos” cuando los veterinarios y expertos las denominan razas fuertes, porque no tienen nada inherentemente violento ni agresivo. Esas son las razas que debemos acabar. Porque esas razas no solo generan problemas en el barrio al no recoger el popó o reírse porque su perrito “no peligroso” ataca a otro.

Esa raza también ataca a otros humanos de manera física o verbal. Esa raza es agresiva en el ámbito familiar, no se esfuerza por educar a sus hijos, no participa de las soluciones que requiere su comunidad, apoya la corrupción, culpa a otros, no vota responsablemente, promueve normas injustas, discrimina a los demás por las apariencias, expresa odio contra quienes lo rodean y no tolera las diferencias. Esa raza solo reproduce la violencia, apatía, rencor e irresponsabilidad. Esa raza de ciudadanos se siente con la autoridad para agredir verbalmente a una persona que pasea tranquilamente con su perro y discriminar a un animal sin conocer su comportamiento. Esa es la raza más peligrosa.

jueves, 13 de octubre de 2016

Defender la Constitución de 1991 y otras lecciones del plebiscito


¿Cómo entender el triunfo del No en el plebiscito del pasado 2 de octubre? ¿Qué importancia tiene el Nobel de Paz otorgado a Juan Manuel Santos 5 días después? ¿Qué pasará con el proceso para terminar el conflicto con las FARC? ¿Qué haremos ahora?

Estas son las preguntas que la mayoría de los colombianos se plantea por estos días. En cafeterías, oficinas y redes sociales la gente esboza posibles respuestas y discute por horas al respecto. Observo positivamente como muchas personas, incluso algunas que usualmente son apáticas a las discusiones políticas, se han preocupado por el tema y lo manifiestan entre sus círculos cercanos. Lo malo es que esos debates no siempre son con argumentos. La intolerancia por el que opina distinto y el desconocimiento del tema a profundidad hacen que las discusiones sobre el futuro del país reproduzcan mentiras, repitan información malinterpretada y terminen en insultos. Por ello, las familias se fragmentan y las amistades se acaban; simplemente bloqueando a la persona en Facebook, eliminando el contacto de Whatsapp o retirándole el saludo.

Ante este ambiente de temor, incertidumbre y polarización, es importante actuar con responsabilidad. Los colombianos tenemos que estar a la altura de las circunstancias y ello significa informarse de manera adecuada, escuchar al otro y criticar constructivamente, proteger todo lo que hemos ganado y poner todo de nuestra parte como ciudadanos para convivir pacíficamente.

Informarse de manera adecuada
El Acuerdo firmado con las FARC no le entregaba el país a las FARC como dijeron los del NO, pero tampoco significaba una paz automática como decían algunos del SÍ. Muchos de los temores y críticas a ese documento se habrían aclarado con una lectura y discusión juiciosa del mismo. Por ejemplo, el Acuerdo no tiene nada que ver con la tal “ideología de género” (la cual, dicho sea de paso, es algo que no existe y se inventaron para criticar el proceso y al gobierno de paso), pues lo que menciona sobre género es que las mujeres rurales y las mujeres víctimas son prioridades en el proceso. ¿Alguien se opone a eso? Esperemos que en esta nueva fase de “renegociación” la gente se lea los acuerdos, así como las propuestas de los promotores del NO y el documento final que salga luego de un consenso entre ellos.

Escuchar al otro  y criticar constructivamente
En nada aportamos a la paz de este país si nos dedicamos a gritarles ignorantes y fanáticos religiosos a quienes votaron por el NO, o si acusamos a los del SÍ de clientelistas y promotores de la mermelada. Si en lugar de levantar la voz nos callamos unos segundos y escuchamos lo que los demás tienen por decirnos nos podemos sorprender, y de paso aprender mucho. Probablemente no cambiemos nuestra postura política, pero sí entenderemos mejor las preocupaciones de quienes piensan distinto y lo que el otro tiene para aportar en el debate sobre el futuro de este país. SIEMPRE hay algo valioso que aprender de alguien que está en desacuerdo conmigo, así termine reafirmando lo que pienso. Pero no nos podemos quedar en reconocer esto y ya. Debemos dar otro paso y es eliminar la crítica mal intencionada y destructiva, pues esta no aporta nada. El mundo sería un mejor lugar si dejáramos de acusar, usar la ironía o los insultos y nos dedicáramos a convencer al otro en un sentido positivo, presentando las ventajas de nuestro punto de vista y siempre planteando propuestas más que señalando que problemas.

 Proteger lo que hemos ganado
Si bien es innegable que se deben realizar aclaraciones y ajustes para responder a las inquietudes de millones de colombianos que votaron por el NO, también es cierto que la renegociación del Acuerdo no debe partir de cero. El Acuerdo tiene grandes aciertos como la importancia que le da a las víctimas, las medidas para solucionar el conflicto agrario, la búsqueda de la verdad, entrega de armas con verificación internacional, participación de guerrilleros en el desminado y actos de reconocimiento de lo sucedido, entre muchos otros. Pero, además de proteger los aciertos del actual proceso, debemos defender contundentemente el principal logro de nuestra historia política: La Constitución de 1991. Se escuchan propuestas irresponsables sobre una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva constitución. En primer lugar porque no es el momento pertinente, pues la coyuntura de incertidumbre y temores no es la misma que la de 1990, cuando el ambiente de apertura, participación, inclusión y esperanza era el propicio para discutir y ponernos de acuerdo en unos principios mínimos para convivir y prosperar como sociedad.  En segunda instancia porque el resultado NO será mejor que la Constitución que ya tenemos, llena de derechos, herramientas de participación y garantías para todos y que hoy es ejemplo mundial en materia de inclusión. Finalmente, porque quienes promueven la Asamblea Constituyente defienden ideas radicales y excluyentes, las cuales no reflejan la diversidad de culturas, opiniones políticas y formas de ver el mundo que existen en nuestro país y que tienen que ser defendidas por todos, aunque no las compartamos. No podemos retroceder en este sentido.

Poner de nuestra parte en la vida cotidiana

Por último, si realmente queremos la paz, tal como lo afirmamos en redes sociales y conversaciones casuales, debemos llevar ese objetivo a todos los aspectos de nuestra vida. Presentar disculpas cuando ofenda a alguien, tratar bien a mis familiares, ser tolerante y respetuso en mi hogar, dar lo mejor de mí en el trabajo, participar en las discusiones de interés para mi barrio, no contaminar mi ciudad, denunciar la corrupción u otros delitos que yo sepa, hacerle seguimiento a las medidas que toma mi alcalde o gobernador, votar de manera responsable en las elecciones públicas, discutir los problemas de mi municipio, enterarme de las noticias y comentarlas con niños y jóvenes. En fin. Hay infinitas maneras de ser un buen ciudadano y de esta forma aportar a la construcción de un mejor país. La violencia que hay que acabar no es solo la del conflicto armado, también la violencia intrafamiliar, el maltrato en los colegios, el acoso laboral, las riñas callejeras y en general, toda la violencia cotidiana que es ejercida por ciudadanos comunes y corrientes. En conclusión, la paz no depende de lo que decidan Santos, Timochenko o Uribe. La paz depende de lo que hagamos todos los días para ser felices nosotros y hacer felices a quienes nos rodean. 

lunes, 3 de octubre de 2016

El Acuerdo, la Constitución y las leyes: ¿vendrían grandes reformas?

Unos sí, otros no

Si el proceso de paz entre el gobierno y las FARC sobrevive a la victoria del No en el plebiscito, esto pasaría necesariamente por la renegociación de cuando menos algunos de los puntos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz  Estable y Duradera.
Por eso ahora, después del plebiscito, resulta aún más pertinente recordar en qué precisamente consistieron los acuerdos, y cuáles de ellos implicarían reformas a la Constitución o leyes de especial jerarquía e importancia –pues estos son también los temas que más polémica despiertan y más dificultades tendrían para ser tramitados.
La mayor parte de los acuerdos podrían implementarse sin pasar por el Congreso.
Para hacernos a una idea más clara de la situación a continuación presento las principales disposiciones de los seis puntos discutidos en La Habana, señalando si requieren o no de reformas constitucionales y/o legales.

Puntos del acuerdo
Componentes que no necesariamente requieren reformas legales ni constitucionales
Componentes que deben ser desarrollados a través de reformas constitucionales o legales
1. Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral
  • Creación de un Fondo de Tierras gratuitas para campesinos no propietarios a partir de donaciones, baldíos y predios improductivos o recuperados vía extinción de dominio.
  • Actualización del catastro.
  • Desarrollo social y ambientalmente sostenible: cuidado especial de áreas de interés ambiental y cierre de la frontera agrícola.
  • Estímulo a la economía familiar y solidaria.
  • Beneficios a las zonas más afectadas por el conflicto.
  • Promoción del uso adecuado de tierras.
  • Estímulo a la restitución y al acceso a la propiedad por parte de los más vulnerables.
  • Garantías para que las familias vuelvan a trabajar en las tierras que les pertenecían.
  • Provisión de servicios rurales: salud, luz, agua potable, educación, internet, recreación, vivienda, infraestructura, riego, asistencia técnica, alimentación y nutrición.
  • Acceso a seguridad social, subsidios, formalización laboral y créditos.
  • Creación de un Tribunal de jurisdicción agraria para dirimir conflictos de tierras. Esta instancia requiere una reforma constitucional, tal vez un artículo transitorio y posiblemente desarrollo legal.
2. Participación política: apertura democrática para construir la paz
  • Creación de un sistema integral de seguridad para líderes de movimientos políticos (en especial para el creado por las FARC).
  • Fortalecimiento de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales.
  • Fortalecimiento de la participación ciudadana y la transparencia en elecciones.
  • Garantías para la reconciliación, la convivencia, la no estigmatización y el ejercicio del derecho a la protesta.
  • Fortalecimiento a la veeduría, el control ciudadano, la planeación democrática y participativa y la cultura democrática.
  • Garantías para la igualdad en la competencia política.
  • Participación de las FARC en las elecciones de 2018 y 2022 si constituyen un partido político.

  • Cinco curules en Senado y cinco en la Cámara de Representantes si no consiguen los votos suficientes para obtener una curul, por 2 períodos a partir del 20 de julio de 2018 (requiere reforma constitucional y/o ley estatutaria).
  • Estatuto de Oposición (requiere ley estatutaria).
  • 16 circunscripciones transitorias de paz en la Cámara de Representantes para las zonas más afectadas por el conflicto por dos períodos (requiere reforma constitucional, posiblemente solo un artículo transitorio).
  • Facilidades para la creación de partidos y movimientos y aumento de su financiación pública.
  • Designación de tres voceros/as en Senado y tres en Cámara de Representantes, exclusivamente para que participen con voz pero sin voto en el debate de proyectos de reforma constitucional o legal para implementar los acuerdos (requiere artículos transitorios en la Constitución).

3. Fin del conflicto
  • Dejación de armas, extorsión, secuestro, ataques y narcotráfico.
  • Mecanismo tripartito de monitoreo (ONU, gobierno y FARC).
  • Ubicación temporal de excombatientes (6 meses) en 22 zonas veredales y 6 campamentos.
  • Entrega total de armas en 180 días.
  • Almacenamiento, destrucción de armas y construcción de monumentos con vigilancia de la ONU.
  • Creación de una zona de seguridad de 1km con presencia del mecanismo tripartito.
  • Apoyo a desmovilizados y financiación de sus proyectos productivos.
  • Creación del Consejo Nacional de la Reincorporación (en lo económico, político y social).
  • Constitución de una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN) para proyectos colectivos.
  • Otorgamiento de 8 millones de pesos por una sola vez a miembros de las FARC para proyectos productivos individuales y una renta básica por dos años equivalente al 90 por ciento de un salario mínimo, si no tiene un contrato con ingresos.
  • Creación de una Unidad de Investigación y una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de organizaciones criminales que asesinen, masacren o atenten contra defensores de DDHH, movimientos sociales o políticos.
  • Ley de amnistías, indultos y tratamientos penales especiales. (requiere reforma al Código Penal y/o al Código de Procedimiento Penal, posiblemente a otras leyes).
4. Solución al problema de las drogas ilícitas
  • Creación de un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y desarrollo alternativo de la mano de las comunidades.
  • Estrategia contra redes del narcotráfico y lavado de activos.
  • Renuncia de las FARC a sus vínculos con el narcotráfico.
  • Recuperación del territorio por parte del Estado y superación de la pobreza rural.
  • Generación de bienestar en zonas afectadas por los cultivos ilícitos (empleo, carreteras, mejoramiento de centros de salud, escuelas, etc.).
  • Tratamiento digno a campesinos cultivadores.
  • Medidas contra la corrupción derivada del narcotráfico.
  • Enfoque de salud pública ante el consumo de drogas y apoyo a consumidores para rehabilitación, atención, inclusión social y prevención.
  • Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos ilícitos (requiere reforma al Código Penal y/o al Código de Procedimiento Penal, posiblemente a otras leyes).
5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto
  • Creación de una Comisión de la Verdad (no juzgará actores o hechos, solo presentará un informe).
  • Creación de una unidad de búsqueda de desaparecidos.
  • Satisfacción de los derechos de las víctimas y su participación.
  • Creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
  • Procesos de reparación y garantía de no repetición, entre ellos, actos de reconocimiento de responsabilidad, reparación colectiva a grupos y comunidades, restitución de tierras, retorno de comunidades desplazadas a sus lugares de origen y atención psicosocial a las víctimas.
  • Establecimiento de la Jurisdicción Especial de Paz y creación de un Tribunal de paz integrado por magistrados colombianos para que los responsables se presenten ante la justicia transicional y reparen a las víctimas. Esta Jurisdicción desarrollaría e impondría sanciones como desminado, construcción de infraestructura y contribución en la búsqueda de desaparecidos. También establecería de penas carcelarias hasta por 20 años para quienes no reconozcan sus crímenes. (Requiere una reforma constitucional, tal vez un artículo transitorio y posiblemente desarrollo legal).
6. Implementación, verificación y refrendación
  • Creación de un mecanismo de verificación de lo pactado, con componente internacional.
  • Establecimiento de una Misión política de la ONU para verificar el proceso de reintegración.
  • Creación de una comisión de seguimiento y verificación del Acuerdo Final de paz con tres representantes del gobierno y tres de las FARC.
  • Acompañamiento internacional de países y entidades internacionales.
  • Consideración de enfoque étnico en la implementación de los acuerdos.
  • Ley de aprobación del Acuerdo Final y acto legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución Política;
  • Aprobación final por parte de los ciudadanos vía plebiscito (ya fue aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional).

Como se puede ver, la mayor parte de los acuerdos podrían implementarse sin pasar por el Congreso y sin reformar la Constitución. Aquellos que requerirían modificaciones legales son principalmente para ampliar la participación política y crear la Jurisdicción Especial de Paz.

Lo pendiente

Sin embargo, el texto final del Acuerdo de La Habana incluye muchos más temas que eventualmente serían objeto de nuevas normas y/o de reformas constitucionales o legales:
  • Garantías y promoción de la participación ciudadana;
  • Estatuto de la oposición;
  • Ley de amnistías, indultos y tratamientos penales especiales (un borrador de proyecto de ley hace parte del Acuerdo Final como anexo);
  • Ley de aprobación del Acuerdo Final;
  • Acto legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución;
  • Sistema Integral de Garantías de seguridad para la organización política que surja de los acuerdos de paz;
  • Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político de las FARC;
  • Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos ilícitos por parte de campesinos y mujeres en situación de pobreza;
  • Creación de circunscripciones transitorias especiales de paz;
  • Suspensión de órdenes de captura y extradición contra integrantes de las FARC;
  • Estatuto jurídico civil de integrantes de las FARC;
  • Ley sobre la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales y prohibición constitucional del paramilitarismo;
  • Acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas;
  • Implementación, financiación y verificación de los acuerdos;
  • Incorporación de la implementación del acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;
  • Implementación de lo acordado en materia de desarrollo rural y sustitución de cultivos de uso ilícito;
  • Aumento de financiación de los partidos, en especial, el derivado de los acuerdos;
  • Reforma de la extinción judicial de dominio y al Sistema de alertas tempranas;
  • Modificaciones de la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras para ampliar el reconocimiento de las víctimas;
  • Reincorporación económica y social;
  • Adopción de medidas para combatir la corrupción;
  • Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición;
  • Creación y fortalecimiento de los mecanismos de Control y veeduría ciudadanas y de observatorios de transparencia;
  • Reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral.
Muchos de estos asuntos no requerirían necesariamente una reforma de la ley o de la Constitución, y buena parte podría desarrollarse con la ampliación de programas actuales, la asignación de recursos y la creación de campañas e incentivos a los ciudadanos.
Además, ya existen marcos legales generales como la Ley 1448 de 2011, la Ley 1424 de 2010 (de Justicia Transicional), la Ley 975 de 2005 (sobre reincorporación) y el Acto Legislativo 01 de 2016 (“fast track”). Incluso hay normas e instancias más específicas, como la consulta previa a minorías étnicas, la Ley 160 de 1994 de reforma agraria y desarrollo rural y la Ley 731 de 2002 para las mujeres rurales que van en sintonía con algunos de los principios que orientan los acuerdos.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya había anunciado las reformas más ambiciosas desde la Constitución de 1991.

Empieza la polémica

Ahora bien, sean tramitados a través del Congreso o por las vías administrativas, los contenidos del Acuerdo son polémicos, parciales y complejos.
  1. Son polémicos porque implican adoptar una postura global y definitiva (de sí o no) ante un tema extremadamente sensible para los colombianos, que conlleva creencias ideológicas, vivencias dolorosas y posturas políticas arraigadas. El casi empate entre los votos por el No y los votos  por el Sí en el plebiscito es la mejor muestra de este carácter polémico. 
  2. Son parciales porque no pueden solucionar todos los problemas del país y tampoco pretenden hacerlo. Los acuerdos abordan unos puntos concretos frente a los seis temas mencionados anteriormente, que deben ser analizados como lo que son: propuestas concretas de política pública, con ventajas y desventajas.
  3. Son complejos porque el problema específico que intentan resolver es complejo, así como cada una de sus características y factores que propiciaron su origen: contextos de pobreza extrema, represión estatal, cierre de espacios políticos, narcotráfico, inequidades en la distribución del ingreso, adaptaciones de modelos políticos y discursos ideológicos externos, profundas desconexiones regionales y antecedentes históricos de violencia política, entre otros.
En síntesis, no se requeriría ni una nueva Constitución ni cambios trascendentales en el  marco legal existente para dar cumplimiento al Acuerdo de La Habana. La mayoría de las disposiciones implicarían crear nuevas instituciones estatales, desarrollar programas,  asignar  recursos o fortalecer políticas que ya existen, como la de desmovilización o la de reparación a las víctimas.
Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya había anunciado las reformas más ambiciosas desde la Constitución de 1991 para poder cumplir los acuerdos. Ojalá antes de presentarlas (y en el supuesto de que se llegue a renegociar el Acuerdo),   se revisen las normas y programas ya existentes y se haga todo lo posible para cumplirlos, en lugar de caer en la idea común de que todos los problemas del país se resuelven con nuevas leyes y reformas a la Constitución.
*publicado en Razón Pública.

miércoles, 17 de agosto de 2016

¿Menos sueldo para los congresistas o mayor vigilancia ciudadana?

Aunque sea muy popular, la propuesta recurrente de bajarles el salario a los políticos es compleja y discutible. En cambio hay varias cosas que podemos hacer las personas del común para elevar la calidad de nuestros legisladores.
Publicado originalmente en Razón Pública el 25 de julio de 2016

Contra los altos sueldos

El pasado 20 de julio el senador Álvaro Uribe anunció un proyecto de reforma constitucional para congelar durante cuatro años los salarios de los congresistas y reducir el tamaño del Congreso. 

Aunque parece un  asunto muy simple, se trata en realidad de un problema delicado y polémico porque involucra temas complejos de diseño institucional, planeación presupuestal, equilibrio de poderes, incentivos a la transparencia, competitividad del sector público para atraer personas con la calidad y experiencia necesarias, y pedagogía para explicar las ventajas y desventajas de los salarios altos para los tomadores de decisiones públicas. 

En efecto, hay argumentos en contra y a favor de una propuesta como la de Uribe. Los segundos son los más populares:

En primer lugar, los ciudadanos se oponen masivamente a los salarios  elevados para unas personas cuyo trabajo no sé sabe muy bien en qué consiste: pocos colombianos saben cómo se tramita una ley y qué otras funciones tienen los congresistas.

En segundo lugar, produce aún más molestia que muchos de esos funcionarios se hayan visto involucrados en escándalos de corrupción o tengan nexos con grupos armados ilegales, a tal punto que muchos se encuentren en la cárcel o  disfrutando cínicamente de la impunidad.

En tercer lugar, los ciudadanos se oponen a los salarios altos porque la labor de los congresistas pocas veces se traduce en resultados tangibles a corto o a mediano plazo. Las reformas legales suelen tardar años en producir efectos o simplemente no tienen consecuencias llamativas para los periodistas o que los ciudadanos puedan identificar con  facilidad. Algunas gestiones de recursos para las regiones se perciben como dádivas -en ciertos casos lo son- y trascienden las funciones legales u oficiales de un legislador (gracias a la analogía desafortunada de un ministro, desde hace unos años esto se conoce como “mermelada”).

En síntesis, en el Congreso colombiano se da la combinación nefasta de salarios altos, individuos desprestigiados, institución subestimada, funciones desconocidas y resultados poco visibles.

A favor de los salarios elevados

Pero también existen argumentos para justificar los salarios elevados. En primer lugar, como sostuve en un escrito anterior (“¿Qué exigirle a nuestros congresistas…y qué no?”), los buenos salarios atraen funcionarios capacitados, egresados de instituciones de alta calidad y con experiencia. Verdad que los buenos sueldos pueden atraer también a personas ineptas o con intenciones no muy transparentes, pero al menos aseguran que el sector público pueda competir con el sector privado y aprovechar los mejores talentos que ha formado el país.

Un segundo elemento a considerar es el respeto a los derechos adquiridos, y en especial a los derechos de carácter social (incluido el salario) que la Corte Constitucional ha reiterado en varias ocasiones (por ejemplo en la Sentencia C-853/13). Aunque se trate de una medida sumamente popular, recortar los salarios de  los congresistas exigiría una reforma constitucional (por eso el proyecto del senador Uribe) que a su vez implica discusiones complejas de equidad y en todo caso sentaría un precedente peligroso que podría afectar posteriormente a otros funcionarios y trabajadores del país.

En tercer lugar, por la importancia del Congreso y por razones de equilibrio de poderes, la rama legislativa debe tener el mismo nivel del presidente de la República en términos institucionales, políticos, e incluso salariales y simbólicos. Más allá de los individuos, quienes pueden ser populares o impopulares, el Congreso es la institución básica para la deliberación democrática y la representación de los diversos intereses ciudadanos, así como para el control político al poder Ejecutivo. Sin el Congreso, el presidente sería aún más poderoso. Las minorías y la diversidad de preferencias se verían silenciadas ante un solo individuo, elegido por las mayorías, con la capacidad no solo de ejecutar presupuesto y decidir sobre política, sino de cambiar las reglas de juego a su antojo.

¿Cómo se reajustan los salarios de los congresistas?

Aquí debo aclarar que los congresistas no determinan su sueldo, ni los aumentos del mismo. El gobierno nacional es quien señala los reajustes en desarrollo del Artículo 187 de la Constitución: “La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.

La Ley 42 de 1993 había establecido que era el gobierno quien determinaba o decidía el reajuste  sobre la base de la certificación del Contralor, pero esta norma fue modificada por la Ley 644 de 2001 según la cual el reajuste es automático o sea que corresponde exactamente al certificado del Contralos y no depende para nada del gobierno (en la tramitación de esta ley participaron congresistas del Partido Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical, entre ellos Mario Uribe como autor y Germán Vargas Lleras como ponente).

¿Qué podemos hacer los ciudadanos?

Ahora bien, en medio de un debate tan espinoso, es muy difícil que los congresistas aborden la discusión en los tiempos necesarios para aprobar – o negar - el proyecto de Uribe. En especial si se tiene en cuenta que en tan solo un año se presentaron dos proyectos de reforma constitucional (el 03 de 2015 y el 06 de 2015) con el mismo objetivo, y que ambos fueron archivados por falta de debate.

Este fenómeno puede repetirse, bien sea porque los congresistas evitan temas polémicos y han preferido no legislar sobre asuntos como el matrimonio igualitario, o porque el Congreso está ocupado en temas coyunturales como el posconflicto, o porque los  congresistas no tienen ningún incentivo para cambiar el método de definición de sus salarios y la negociación con el Ejecutivo que este sistema.

Ojalá en algún momento sea posible adelantar el debate de fondo sobre la arquitectura institucional del Estado, pero entretanto los ciudadanos del común sí podemos actuar de varias maneras:
  •       Informándonos más acerca de lo que hacen nuestros congresistas, y los políticos en general. A través de páginas como las de la Secretaría del Senado, la Cámara de Representantes, y Congreso Visible, donde se pueden consultar los proyectos en discusión, las leyes aprobadas, la historia de los debates, e incluso la agenda semanal de las discusiones en el Legislativo.

  •       Criticando, pero de manera informada y con argumentos. Las redes sociales permiten difundir opiniones, abrir debates e incluso hablarle “directamente” a los políticos. Sin embargo, estas críticas deben ser reflexivas, innovadoras y constructivas. ¿Qué es más efectivo y válido? ¿Insultar a un congresista o demostrarle que los ciudadanos vigilan su desempeño? Lo primero es facilismo malintencionado y torpe, lo segundo es control social inteligente.

  •       Aplicando y promoviendo el voto inteligente. ¿Por qué siempre nos quejamos de la política si siempre elegimos a los mismos para ejercerla? El voto puede ser usado como un premio a la buena gestión o como un castigo a la corrupción, a la ineficacia o a la indiferencia. En la política hay personas honorables que comparten nuestras preocupaciones y creencias ideológicas. Solo debemos identificarlos, revisar su gestión en el tema que nos importe, y votar por él o ella para garantizar que nuestros intereses estén representados.

  •       Combatiendo la indolencia, la abstención y la apatía. Salir de nuestra cotidianidad, preocupaciones laborales o familiares para leer sobre el Congreso, revisar la prensa, visitar las instalaciones de una corporación pública o comparar propuestas, proyectos de ley o debates es costoso en términos de tiempo, esfuerzo, conocimientos e incluso recursos económicos. Sin embargo, es necesario e incluso es nuestro deber como ciudadanos hacerlo de vez en cuando.

No se necesita revisar todos los debates o saber de todos los temas. Pero si cada uno le hiciera seguimiento a los asuntos de su interés, revisara las actuaciones de los congresistas que ayudó a elegir y votara en consecuencia con esa información, se produciría un círculo virtuoso de menor abstención electoral, más interés en la política, mejores personas en ella, más control social y transparencia, mejores leyes y políticas públicas, mejores debates nacionales y, en general, mejores prácticas para la construcción de una mejor sociedad.

Ni retrógradas ni pecadores


Jesucristo dijo: "amaos los unos a los otros". De esa frase tan sencilla pero poderosa yo entiendo que TODOS merecemos aprecio y respeto, por lo cual debemos amarnos, independientemente de nuestras diferencias. Entonces, ¿por qué poner jerarquías, prioridades o excepciones a ese amor? ¿quién es merecedor de amor y quién no? Y lo más difícil ¿quién decide aquellas personas que son dignas o no de ser apreciadas? ¿con qué autoridad y criterios?

Menciono a Jesucristo en un intento por entender la postura del “otro bando” en el debate sobre la supuesta "ideología de género", tan de moda en el país por estos días. Y es que en la discusión sobre la comunidad LGBTI versus la familia tradicional, y otras aparentes contradicciones derivadas (matrimonio civil igualitario versus matrimonio católico, adopción por parte de parejas del mismo sexo versus adopción por parte de parejas heterosexuales, entre otros falsos opuestos) yo estoy en la orilla opuesta de quienes defienden la "familia” y los "valores tradicionales". ¿No me preocupan las familias y los buenos valores? Por supuesto, no me malinterpreten, pero no pienso que ser homosexual vaya en contra de lo uno o de lo otro.

En primer lugar, porque eso que llaman ideal de "familia y valores tradicionales" no existe. Las familias de hoy, incluyendo las colombianas, son diversas y cambiantes. Abuelas, tíos, primos, hermanastros, cuñados, madres solteras, viudos, divorciados y un largo etcétera pueden hacer parte del núcleo central de una familia feliz y que forma ciudadanos que aporten a su sociedad. Lo más paradójico es que esto no es nuevo. Pero lo más gracioso es que nunca ha existido, pues varios estudios sobre las familias durante el periodo colonial señalan que estas eran muy variadas y flexibles, incluso en temas raciales, de estrato social y de formas de unión (por ejemplo, con numerosas uniones extramatrimoniales, denominadas en ese entonces amancebamiento). ¿Por qué condenar entonces a quienes no encajen en un supuesto modelo de familia que en realidad nunca ha sido la “tradición”?

En segunda instancia, por respeto a la dignidad humana. La verdad, estoy cansada de escuchar frases como "yo los respeto, pero que vivan lejos" o "yo no niego sus derechos, pero que no se me acerquen". Me pregunto si esas personas se atreverían a decir eso de los adultos mayores, de los indígenas, de los afros, de los niños, de las mujeres, de las personas en condición de discapacidad... la gran mayoría no, o al menos no reconocerían públicamente que eso es lo que piensan, porque ser racista o discriminador contra las personas antes mencionadas está muy mal visto y hay una fuerte sanción social al respecto. Pero burlarse de un "marica" sigue siendo muy barato: pocos lo repudian y aún hay un montón de justificaciones prejuiciosas para hacerlo. Aún falta mucha cultura ciudadana en la materia.

En tercer lugar, porque es un asunto de coherencia. ¿Por qué si llegamos en 1991 a un pacto social de igualdad ante la ley y de la existencia de derechos sin distinción alguna, no somos capaces de aplicar ese acuerdo de manera sistemática y sin discriminaciones? Si le preguntas a alguien si le parece importante la Constitución y el respeto de los derechos va a decir que sí, pues como principio abstracto está de acuerdo y le parece justo, pero si le preguntas si un gay debe educar a sus hijos, hacer las leyes o ser presidente puede que diga que no, sin darse cuenta que de lo primero se deriva lo segundo y hasta que no lo entendamos todos no vamos a tener una sociedad verdaderamente igualitaria.
Cuarto, porque saber que es gay no me dice nada sobre una persona. Al igual que saber que es heterosexual. Ser homosexual no te hace una buena o mala persona, una madre responsable o irresponsable, un profesional competente o incompetente, un ciudadano comprometido o indiferente.

Quinto, porque estoy del lado incluyente, respetuoso y diverso, es decir, apoyo las posturas moderadas que reconocen los derechos de quienes piensan distinto y no están dispuestos a pasar por encima de nadie. Si bien no coincido con las posturas religiosas o “tradicionales” que descalifican el homosexualismo y rechazan a la comunidad LGTBI, tampoco pienso que todos sean retrógradas fanáticos irreflexivos. De hecho, prefiero una persona con una postura conservadora pero garante de derechos y dispuesta a participar del debate con argumentos y sin insultos, que una persona que se diga liberal y defensora de los gais pero que insulte, maltrate y caricaturice la postura del que piense distinto. Ambos extremos son irrespetuosos, simplistas y dañinos. Si superamos los estereotipos sobre ambas posturas, veremos los matices y la diversidad del debate: ni los unos son retrógradas ni los otros pecadores.

Sexto porque es un asunto que refleja lo que somos como sociedad. En muchos casos, incluso llega a ser un caso de vida o muerte. ¿Acaso no nos importa la calidad de vida de miles de personas, que como Sergio Urrego son acosados diariamente, al punto de que algunos han contemplado quitarse la vida? ¿Nos importa más imponer nuestras opiniones a otros o dejar vivir tranquila y dignamente a cada uno según sus preferencias y decisiones? ¿Preferimos seguir defendiendo prejuicios y estereotipos sólo por no “dar nuestro brazo a torcer” o tomarnos el trabajo de verificarlos en la vida cotidiana, y eventualmente replantearlos? ¿Seguiremos rechazando a colegas de trabajo competentes,  compañeros de estudio brillantes, familiares amorosos o amigos valiosos solo por lo que deciden hacer en sus vidas privadas? Es importante que cada uno realice una reflexión interna sobre cada una de estas preguntas.


Para finalizar quiero rescatar un mensaje de Martin Luther King. En 1963 (100 años después de la abolición de la esclavitud en EEUU), en medio de un debate igual de complejo y delicado, el de los derechos civiles de los afroamericanos, Luther King afirmó: "Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad". Guardadas las proporciones, y respetando la importancia de este personaje, en 2016 (25 años después de la promulgación de la Constitución política de Colombia de 1991) quiero decirle a mis compatriotas que sueño con el día en que mis futuros hijos, homosexuales o no, sean juzgados no por sus preferencias sexuales, ni por su vida privada, ni por sus relaciones sentimentales adultas y consentidas, ni por su forma de ver el mundo, la sociedad y el amor. Sueño con que TODOS seamos juzgados y apreciados por nuestro carácter, por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestro compromiso ciudadano, por nuestro apego a la ley y la convivencia, por nuestro aporte a la paz, por nuestro respeto hacia los otros y por nuestro interés en el bienestar colectivo.

miércoles, 6 de julio de 2016

¿Necesitamos una constituyente para la paz? Reflexiones 25 años después de la Constitución de 1991

Cuando congresistas, gobernadores, ministros y otros altos funcionarios nacionales hablan de la posibilidad de una constituyente es porque está casi lista. Ante este escenario, los ciudadanos debemos preguntarnos, ¿necesitamos una constituyente para la paz? Mi respuesta es NO. El fetichismo normativo tan generalizado en este país no debería llevarnos a cambiar elementos sustanciales de la carta política colombiana, para no poner en riesgo todos sus logros por algo que no tenemos muy claro qué será ni cómo se logrará.

La Constitución de 1991 es un hito en la historia política, social, económica y cultural del país, pues implicó enormes transformaciones en el país en términos de apertura política, participación directa ciudadana, protección y creación de una cultura de derechos, reconocimiento de la diversidad cultural, étnica y social, libertad de cultos, protección del medio ambiente, descentralización, entre muchos otros principios de enorme importancia que hoy consideramos básicos. Además de la creación de la Corte Constitucional, ente que nos ha protegido de la dictadura de las mayorías (por ejemplo prohibiendo la reelección indefinida y permitiendo el matrimonio igualitario) y de la tutela, que ha sido utilizada por 5 millones de ciudadanos para proteger sus derechos y denunciar abusos, inoperancias e injusticias.

Por supuesto, la Constitución no es perfecta. Algunas reformas posteriores han resuelto ciertos problemas, como la reforma política de 2003 y otras que le sucedieron para poner límites a los partidos políticos y regular la participación. Sin embargo, muchos otros problemas persisten, en especial por fallas de la implementación de los principios constitucionales.  Por ejemplo, las debilidades en el equilibrio de poderes, con entidades y funcionarios sin vigilancia, como en el caso de las altas cortes e instituciones inoperantes como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, tenemos normas que no se han aplicado como el Estatuto a la Oposición y la paz como derecho y deber; o que se han aplicado parcialmente, como la descentralización y las garantías y promoción de la participación directa ciudadana.

Sin embargo, la solución no es reformar la Constitución para tener nuevas normas que no se apliquen. La solución es la responsabilidad política y el control social. La solución no está en senadores, magistrados, columnistas o asesores presidenciales. La solución la tenemos los ciudadanos.

Somos nosotros quienes debemos exigir la aplicación de la ley (tenemos muchas, muy buenas, y debemos acatarlas antes de crear otras), reducir la abstención electoral del 50% y ejercer el voto informado (los parapolíticos y corruptos fueron elegidos por los ciudadanos), construir Estado en las regiones (apoyando escuelas, exigiendo inversión en salud, eligiendo políticos que propongan cobertura en servicios públicos), castigar a los corruptos e ineptos (no elegir herederos políticos que incumplan sus promesas de campaña o se apropien de los recursos públicos), proteger el medio ambiente (no contaminando y evitando que se atente contra nuestra riqueza natural), rechazar rotundamente la discriminación (en todas sus formas: homofobia, machismo, racismo, entre muchos otros). Porque 100 ciudadanos responsables valen más que mil reformas políticas, electorales o constitucionales. Eso sí es construcción de paz, en la cotidianidad, en las regiones, en los hogares, en las grandes ciudades, en las veredas, más allá de acuerdos, firmas, discursos y constituyentes.    

miércoles, 20 de abril de 2016

¿Celebrar o no el mes de la mujer?

“Dediquemos una financiación sólida, una valiente labor de promoción y una férrea voluntad política a alcanzar la igualdad de género en todo el mundo. No hay ninguna otra mayor inversión en nuestro futuro común” Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas

El pasado mes de marzo se celebró una vez más el mes de la mujer. Al igual que en años anteriores, seguramente recibiste flores, chocolates o al menos varias felicitaciones por el día de la mujer. Sin embargo, más allá de lo material, vale la pena recordar cuatro puntos importantes para darle sentido a estas conmemoraciones acerca de la importancia de la mujer en todas las sociedades y de su lucha histórica por obtener equidad en todos los ámbitos.

Antes de eso, quisiera aclarar que la intención aquí no es unirse a las críticas sobre lo “comercial” o el “materialismo” alrededor del día de la mujer. En mi opinión, los detalles que se tienen ese día con las mujeres no tienen nada de malo, mucho menos las ventas y empleos que se generan en torno a ellos. Lo malo es que en ese día recibamos detalles y atenciones sin tomarnos al menos un par de minutos para reflexionar acerca de nuestras propias vidas, y las de las mujeres que nos rodean: sus condiciones de vida, entorno familiar, dificultades, futuro, proyectos, sueños y pesadillas.
De nada nos sirven el mes de la mujer y todas las demás conmemoraciones: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre), Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (6 de febrero) si no recordamos al menos estas cuatro cosas:

  • El sentido del día y mes de la mujer es el reconocimiento de las luchas históricas femeninas, como la igualdad laboral y el derecho al sufragio. En marzo se resalta el enorme valor histórico de las luchas y huelgas femeninas desde mediados del siglo XIX en contra de las inhumanas condiciones de trabajo que padecían niñas y mujeres obreras en todo el mundo. Específicamente, se estableció el 8 de marzo como fecha simbólica, a raíz de la muerte de 129 trabajadoras que fallecieron durante el incendio de una fábrica textil en la cual fueron encerradas para que no participaran de las huelgas en favor de sus derechos.

  • Sí hay cosas que celebrar. Existen importantes reconocimientos legales y algunos cambios culturales que con mucho esfuerzo hemos obtenido las mujeres en diversos países, con apoyo por supuesto de hombres conscientes. El derecho a la propiedad, al voto, a la igualdad en las condiciones laborales, prohibición de la discriminación, participación en cargos de decisión (leyes de cuotas) y muchas otras medidas para garantizar la igualdad, al menos en el plano legal.

  • Hay muchas otras cosas que no podemos celebrar aún. La desigualdad de género en el mundo aún es muy dramática en muchos campos: por ejemplo el laboral (las mujeres en Colombia ganan en promedio 20% menos que los hombres aunque trabajan más horas) y el político (menos del 10% de los países del mundo son gobernados por mujeres). La labor doméstica y la crianza de los hijos sigue siendo subvalorada y no remunerada. El embarazo adolescente sigue reproduciendo la trampa de pobreza en todo el mundo. Los ataques con ácido, violencia intrafamiliar y agresiones sexuales como arma de guerra siguen cobrando víctimas, principalmente mujeres. El lenguaje sigue siendo patriarcal y discriminador (decir gerenta o presidenta sigue sonando extraño), los nombres para lo divino son principalmente masculinos (dios, padre, creador) y lo femenino sigue “sonando” secundario o marginal (diosa, sacerdotisa).

  • En la vida cotidiana se hace la diferencia. El cambio en la vida cotidiana es fundamental. No podemos esperar a que todos los cambios sean a través de leyes o instituciones. Nosotros podemos hacer la diferencia en: nuestro trabajo: valorando por igual los aportes de colegas femeninas; en el hogar: repartiendo labores domésticas de manera igualitaria (hijos varones también pueden lavar la loza); en la calle: no necesitamos que nos den el puesto en el bus (a menos que estemos embarazadas, seamos de la tercera edad o en condición de discapacidad) sino que eviten comentarios sobre nuestros cuerpos o ropa, lo que en realidad es acoso. No enseñes a tu hijo a maltratar verbalmente a sus hermanas, o a respetar más las decisiones del padre y no de la madre. La violencia sexual nunca es justificable, así usemos una minifalda o salgamos solas a tomar una cerveza.

El día que las mujeres nos sintamos seguras y tranquilas en la calle, que podamos acceder a educación y oportunidades laborales por igual, que recibamos salarios justos, que no se nos acose en la calle, que no se nos juzgue por nuestra ropa, que no se asuma que nuestros éxitos se deben a “favores” por parte de hombres, que podamos acceder a altos cargos sin trabas solo por ser mujeres y un largo etcétera, ese día podremos celebrar por completo.