jueves, 13 de octubre de 2016

Defender la Constitución de 1991 y otras lecciones del plebiscito


¿Cómo entender el triunfo del No en el plebiscito del pasado 2 de octubre? ¿Qué importancia tiene el Nobel de Paz otorgado a Juan Manuel Santos 5 días después? ¿Qué pasará con el proceso para terminar el conflicto con las FARC? ¿Qué haremos ahora?

Estas son las preguntas que la mayoría de los colombianos se plantea por estos días. En cafeterías, oficinas y redes sociales la gente esboza posibles respuestas y discute por horas al respecto. Observo positivamente como muchas personas, incluso algunas que usualmente son apáticas a las discusiones políticas, se han preocupado por el tema y lo manifiestan entre sus círculos cercanos. Lo malo es que esos debates no siempre son con argumentos. La intolerancia por el que opina distinto y el desconocimiento del tema a profundidad hacen que las discusiones sobre el futuro del país reproduzcan mentiras, repitan información malinterpretada y terminen en insultos. Por ello, las familias se fragmentan y las amistades se acaban; simplemente bloqueando a la persona en Facebook, eliminando el contacto de Whatsapp o retirándole el saludo.

Ante este ambiente de temor, incertidumbre y polarización, es importante actuar con responsabilidad. Los colombianos tenemos que estar a la altura de las circunstancias y ello significa informarse de manera adecuada, escuchar al otro y criticar constructivamente, proteger todo lo que hemos ganado y poner todo de nuestra parte como ciudadanos para convivir pacíficamente.

Informarse de manera adecuada
El Acuerdo firmado con las FARC no le entregaba el país a las FARC como dijeron los del NO, pero tampoco significaba una paz automática como decían algunos del SÍ. Muchos de los temores y críticas a ese documento se habrían aclarado con una lectura y discusión juiciosa del mismo. Por ejemplo, el Acuerdo no tiene nada que ver con la tal “ideología de género” (la cual, dicho sea de paso, es algo que no existe y se inventaron para criticar el proceso y al gobierno de paso), pues lo que menciona sobre género es que las mujeres rurales y las mujeres víctimas son prioridades en el proceso. ¿Alguien se opone a eso? Esperemos que en esta nueva fase de “renegociación” la gente se lea los acuerdos, así como las propuestas de los promotores del NO y el documento final que salga luego de un consenso entre ellos.

Escuchar al otro  y criticar constructivamente
En nada aportamos a la paz de este país si nos dedicamos a gritarles ignorantes y fanáticos religiosos a quienes votaron por el NO, o si acusamos a los del SÍ de clientelistas y promotores de la mermelada. Si en lugar de levantar la voz nos callamos unos segundos y escuchamos lo que los demás tienen por decirnos nos podemos sorprender, y de paso aprender mucho. Probablemente no cambiemos nuestra postura política, pero sí entenderemos mejor las preocupaciones de quienes piensan distinto y lo que el otro tiene para aportar en el debate sobre el futuro de este país. SIEMPRE hay algo valioso que aprender de alguien que está en desacuerdo conmigo, así termine reafirmando lo que pienso. Pero no nos podemos quedar en reconocer esto y ya. Debemos dar otro paso y es eliminar la crítica mal intencionada y destructiva, pues esta no aporta nada. El mundo sería un mejor lugar si dejáramos de acusar, usar la ironía o los insultos y nos dedicáramos a convencer al otro en un sentido positivo, presentando las ventajas de nuestro punto de vista y siempre planteando propuestas más que señalando que problemas.

 Proteger lo que hemos ganado
Si bien es innegable que se deben realizar aclaraciones y ajustes para responder a las inquietudes de millones de colombianos que votaron por el NO, también es cierto que la renegociación del Acuerdo no debe partir de cero. El Acuerdo tiene grandes aciertos como la importancia que le da a las víctimas, las medidas para solucionar el conflicto agrario, la búsqueda de la verdad, entrega de armas con verificación internacional, participación de guerrilleros en el desminado y actos de reconocimiento de lo sucedido, entre muchos otros. Pero, además de proteger los aciertos del actual proceso, debemos defender contundentemente el principal logro de nuestra historia política: La Constitución de 1991. Se escuchan propuestas irresponsables sobre una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva constitución. En primer lugar porque no es el momento pertinente, pues la coyuntura de incertidumbre y temores no es la misma que la de 1990, cuando el ambiente de apertura, participación, inclusión y esperanza era el propicio para discutir y ponernos de acuerdo en unos principios mínimos para convivir y prosperar como sociedad.  En segunda instancia porque el resultado NO será mejor que la Constitución que ya tenemos, llena de derechos, herramientas de participación y garantías para todos y que hoy es ejemplo mundial en materia de inclusión. Finalmente, porque quienes promueven la Asamblea Constituyente defienden ideas radicales y excluyentes, las cuales no reflejan la diversidad de culturas, opiniones políticas y formas de ver el mundo que existen en nuestro país y que tienen que ser defendidas por todos, aunque no las compartamos. No podemos retroceder en este sentido.

Poner de nuestra parte en la vida cotidiana

Por último, si realmente queremos la paz, tal como lo afirmamos en redes sociales y conversaciones casuales, debemos llevar ese objetivo a todos los aspectos de nuestra vida. Presentar disculpas cuando ofenda a alguien, tratar bien a mis familiares, ser tolerante y respetuso en mi hogar, dar lo mejor de mí en el trabajo, participar en las discusiones de interés para mi barrio, no contaminar mi ciudad, denunciar la corrupción u otros delitos que yo sepa, hacerle seguimiento a las medidas que toma mi alcalde o gobernador, votar de manera responsable en las elecciones públicas, discutir los problemas de mi municipio, enterarme de las noticias y comentarlas con niños y jóvenes. En fin. Hay infinitas maneras de ser un buen ciudadano y de esta forma aportar a la construcción de un mejor país. La violencia que hay que acabar no es solo la del conflicto armado, también la violencia intrafamiliar, el maltrato en los colegios, el acoso laboral, las riñas callejeras y en general, toda la violencia cotidiana que es ejercida por ciudadanos comunes y corrientes. En conclusión, la paz no depende de lo que decidan Santos, Timochenko o Uribe. La paz depende de lo que hagamos todos los días para ser felices nosotros y hacer felices a quienes nos rodean. 

lunes, 3 de octubre de 2016

El Acuerdo, la Constitución y las leyes: ¿vendrían grandes reformas?

Unos sí, otros no

Si el proceso de paz entre el gobierno y las FARC sobrevive a la victoria del No en el plebiscito, esto pasaría necesariamente por la renegociación de cuando menos algunos de los puntos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz  Estable y Duradera.
Por eso ahora, después del plebiscito, resulta aún más pertinente recordar en qué precisamente consistieron los acuerdos, y cuáles de ellos implicarían reformas a la Constitución o leyes de especial jerarquía e importancia –pues estos son también los temas que más polémica despiertan y más dificultades tendrían para ser tramitados.
La mayor parte de los acuerdos podrían implementarse sin pasar por el Congreso.
Para hacernos a una idea más clara de la situación a continuación presento las principales disposiciones de los seis puntos discutidos en La Habana, señalando si requieren o no de reformas constitucionales y/o legales.

Puntos del acuerdo
Componentes que no necesariamente requieren reformas legales ni constitucionales
Componentes que deben ser desarrollados a través de reformas constitucionales o legales
1. Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral
  • Creación de un Fondo de Tierras gratuitas para campesinos no propietarios a partir de donaciones, baldíos y predios improductivos o recuperados vía extinción de dominio.
  • Actualización del catastro.
  • Desarrollo social y ambientalmente sostenible: cuidado especial de áreas de interés ambiental y cierre de la frontera agrícola.
  • Estímulo a la economía familiar y solidaria.
  • Beneficios a las zonas más afectadas por el conflicto.
  • Promoción del uso adecuado de tierras.
  • Estímulo a la restitución y al acceso a la propiedad por parte de los más vulnerables.
  • Garantías para que las familias vuelvan a trabajar en las tierras que les pertenecían.
  • Provisión de servicios rurales: salud, luz, agua potable, educación, internet, recreación, vivienda, infraestructura, riego, asistencia técnica, alimentación y nutrición.
  • Acceso a seguridad social, subsidios, formalización laboral y créditos.
  • Creación de un Tribunal de jurisdicción agraria para dirimir conflictos de tierras. Esta instancia requiere una reforma constitucional, tal vez un artículo transitorio y posiblemente desarrollo legal.
2. Participación política: apertura democrática para construir la paz
  • Creación de un sistema integral de seguridad para líderes de movimientos políticos (en especial para el creado por las FARC).
  • Fortalecimiento de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales.
  • Fortalecimiento de la participación ciudadana y la transparencia en elecciones.
  • Garantías para la reconciliación, la convivencia, la no estigmatización y el ejercicio del derecho a la protesta.
  • Fortalecimiento a la veeduría, el control ciudadano, la planeación democrática y participativa y la cultura democrática.
  • Garantías para la igualdad en la competencia política.
  • Participación de las FARC en las elecciones de 2018 y 2022 si constituyen un partido político.

  • Cinco curules en Senado y cinco en la Cámara de Representantes si no consiguen los votos suficientes para obtener una curul, por 2 períodos a partir del 20 de julio de 2018 (requiere reforma constitucional y/o ley estatutaria).
  • Estatuto de Oposición (requiere ley estatutaria).
  • 16 circunscripciones transitorias de paz en la Cámara de Representantes para las zonas más afectadas por el conflicto por dos períodos (requiere reforma constitucional, posiblemente solo un artículo transitorio).
  • Facilidades para la creación de partidos y movimientos y aumento de su financiación pública.
  • Designación de tres voceros/as en Senado y tres en Cámara de Representantes, exclusivamente para que participen con voz pero sin voto en el debate de proyectos de reforma constitucional o legal para implementar los acuerdos (requiere artículos transitorios en la Constitución).

3. Fin del conflicto
  • Dejación de armas, extorsión, secuestro, ataques y narcotráfico.
  • Mecanismo tripartito de monitoreo (ONU, gobierno y FARC).
  • Ubicación temporal de excombatientes (6 meses) en 22 zonas veredales y 6 campamentos.
  • Entrega total de armas en 180 días.
  • Almacenamiento, destrucción de armas y construcción de monumentos con vigilancia de la ONU.
  • Creación de una zona de seguridad de 1km con presencia del mecanismo tripartito.
  • Apoyo a desmovilizados y financiación de sus proyectos productivos.
  • Creación del Consejo Nacional de la Reincorporación (en lo económico, político y social).
  • Constitución de una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN) para proyectos colectivos.
  • Otorgamiento de 8 millones de pesos por una sola vez a miembros de las FARC para proyectos productivos individuales y una renta básica por dos años equivalente al 90 por ciento de un salario mínimo, si no tiene un contrato con ingresos.
  • Creación de una Unidad de Investigación y una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de organizaciones criminales que asesinen, masacren o atenten contra defensores de DDHH, movimientos sociales o políticos.
  • Ley de amnistías, indultos y tratamientos penales especiales. (requiere reforma al Código Penal y/o al Código de Procedimiento Penal, posiblemente a otras leyes).
4. Solución al problema de las drogas ilícitas
  • Creación de un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y desarrollo alternativo de la mano de las comunidades.
  • Estrategia contra redes del narcotráfico y lavado de activos.
  • Renuncia de las FARC a sus vínculos con el narcotráfico.
  • Recuperación del territorio por parte del Estado y superación de la pobreza rural.
  • Generación de bienestar en zonas afectadas por los cultivos ilícitos (empleo, carreteras, mejoramiento de centros de salud, escuelas, etc.).
  • Tratamiento digno a campesinos cultivadores.
  • Medidas contra la corrupción derivada del narcotráfico.
  • Enfoque de salud pública ante el consumo de drogas y apoyo a consumidores para rehabilitación, atención, inclusión social y prevención.
  • Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos ilícitos (requiere reforma al Código Penal y/o al Código de Procedimiento Penal, posiblemente a otras leyes).
5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto
  • Creación de una Comisión de la Verdad (no juzgará actores o hechos, solo presentará un informe).
  • Creación de una unidad de búsqueda de desaparecidos.
  • Satisfacción de los derechos de las víctimas y su participación.
  • Creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
  • Procesos de reparación y garantía de no repetición, entre ellos, actos de reconocimiento de responsabilidad, reparación colectiva a grupos y comunidades, restitución de tierras, retorno de comunidades desplazadas a sus lugares de origen y atención psicosocial a las víctimas.
  • Establecimiento de la Jurisdicción Especial de Paz y creación de un Tribunal de paz integrado por magistrados colombianos para que los responsables se presenten ante la justicia transicional y reparen a las víctimas. Esta Jurisdicción desarrollaría e impondría sanciones como desminado, construcción de infraestructura y contribución en la búsqueda de desaparecidos. También establecería de penas carcelarias hasta por 20 años para quienes no reconozcan sus crímenes. (Requiere una reforma constitucional, tal vez un artículo transitorio y posiblemente desarrollo legal).
6. Implementación, verificación y refrendación
  • Creación de un mecanismo de verificación de lo pactado, con componente internacional.
  • Establecimiento de una Misión política de la ONU para verificar el proceso de reintegración.
  • Creación de una comisión de seguimiento y verificación del Acuerdo Final de paz con tres representantes del gobierno y tres de las FARC.
  • Acompañamiento internacional de países y entidades internacionales.
  • Consideración de enfoque étnico en la implementación de los acuerdos.
  • Ley de aprobación del Acuerdo Final y acto legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución Política;
  • Aprobación final por parte de los ciudadanos vía plebiscito (ya fue aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional).

Como se puede ver, la mayor parte de los acuerdos podrían implementarse sin pasar por el Congreso y sin reformar la Constitución. Aquellos que requerirían modificaciones legales son principalmente para ampliar la participación política y crear la Jurisdicción Especial de Paz.

Lo pendiente

Sin embargo, el texto final del Acuerdo de La Habana incluye muchos más temas que eventualmente serían objeto de nuevas normas y/o de reformas constitucionales o legales:
  • Garantías y promoción de la participación ciudadana;
  • Estatuto de la oposición;
  • Ley de amnistías, indultos y tratamientos penales especiales (un borrador de proyecto de ley hace parte del Acuerdo Final como anexo);
  • Ley de aprobación del Acuerdo Final;
  • Acto legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución;
  • Sistema Integral de Garantías de seguridad para la organización política que surja de los acuerdos de paz;
  • Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político de las FARC;
  • Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos ilícitos por parte de campesinos y mujeres en situación de pobreza;
  • Creación de circunscripciones transitorias especiales de paz;
  • Suspensión de órdenes de captura y extradición contra integrantes de las FARC;
  • Estatuto jurídico civil de integrantes de las FARC;
  • Ley sobre la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales y prohibición constitucional del paramilitarismo;
  • Acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas;
  • Implementación, financiación y verificación de los acuerdos;
  • Incorporación de la implementación del acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;
  • Implementación de lo acordado en materia de desarrollo rural y sustitución de cultivos de uso ilícito;
  • Aumento de financiación de los partidos, en especial, el derivado de los acuerdos;
  • Reforma de la extinción judicial de dominio y al Sistema de alertas tempranas;
  • Modificaciones de la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras para ampliar el reconocimiento de las víctimas;
  • Reincorporación económica y social;
  • Adopción de medidas para combatir la corrupción;
  • Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición;
  • Creación y fortalecimiento de los mecanismos de Control y veeduría ciudadanas y de observatorios de transparencia;
  • Reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral.
Muchos de estos asuntos no requerirían necesariamente una reforma de la ley o de la Constitución, y buena parte podría desarrollarse con la ampliación de programas actuales, la asignación de recursos y la creación de campañas e incentivos a los ciudadanos.
Además, ya existen marcos legales generales como la Ley 1448 de 2011, la Ley 1424 de 2010 (de Justicia Transicional), la Ley 975 de 2005 (sobre reincorporación) y el Acto Legislativo 01 de 2016 (“fast track”). Incluso hay normas e instancias más específicas, como la consulta previa a minorías étnicas, la Ley 160 de 1994 de reforma agraria y desarrollo rural y la Ley 731 de 2002 para las mujeres rurales que van en sintonía con algunos de los principios que orientan los acuerdos.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya había anunciado las reformas más ambiciosas desde la Constitución de 1991.

Empieza la polémica

Ahora bien, sean tramitados a través del Congreso o por las vías administrativas, los contenidos del Acuerdo son polémicos, parciales y complejos.
  1. Son polémicos porque implican adoptar una postura global y definitiva (de sí o no) ante un tema extremadamente sensible para los colombianos, que conlleva creencias ideológicas, vivencias dolorosas y posturas políticas arraigadas. El casi empate entre los votos por el No y los votos  por el Sí en el plebiscito es la mejor muestra de este carácter polémico. 
  2. Son parciales porque no pueden solucionar todos los problemas del país y tampoco pretenden hacerlo. Los acuerdos abordan unos puntos concretos frente a los seis temas mencionados anteriormente, que deben ser analizados como lo que son: propuestas concretas de política pública, con ventajas y desventajas.
  3. Son complejos porque el problema específico que intentan resolver es complejo, así como cada una de sus características y factores que propiciaron su origen: contextos de pobreza extrema, represión estatal, cierre de espacios políticos, narcotráfico, inequidades en la distribución del ingreso, adaptaciones de modelos políticos y discursos ideológicos externos, profundas desconexiones regionales y antecedentes históricos de violencia política, entre otros.
En síntesis, no se requeriría ni una nueva Constitución ni cambios trascendentales en el  marco legal existente para dar cumplimiento al Acuerdo de La Habana. La mayoría de las disposiciones implicarían crear nuevas instituciones estatales, desarrollar programas,  asignar  recursos o fortalecer políticas que ya existen, como la de desmovilización o la de reparación a las víctimas.
Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya había anunciado las reformas más ambiciosas desde la Constitución de 1991 para poder cumplir los acuerdos. Ojalá antes de presentarlas (y en el supuesto de que se llegue a renegociar el Acuerdo),   se revisen las normas y programas ya existentes y se haga todo lo posible para cumplirlos, en lugar de caer en la idea común de que todos los problemas del país se resuelven con nuevas leyes y reformas a la Constitución.
*publicado en Razón Pública.